La despenalización del trabajo sexual es la eliminación de las sanciones penales para el ejercicio del trabajo sexual (especialmente de la prostitución). El trabajo sexual, la prestación consensuada de servicios sexuales por dinero o bienes, está tipificado como delito en la mayoría de los países, y las prostitutas son las primeras víctimas, ya que son ellas las que son detenidas por la policía y no sus clientes. Uno de los problemas es la represión policial que padecen las prostitutas y la desaparición de mujeres secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual. La despenalización o descriminalización es distinta de la regulación, a pesar de que, al igual que esta última, otorga la posibilidad de que las y los trabajadores sexuales obtengan derechos laborales, al igual que en cualquier otro sector laboral.
La despenalización tiene dos vertientes:
La legalización de la prostitución, que supone la legitimación de la industria del sexo, la prostitución considerada como un trabajo y las mujeres en situación de prostitución consideradas como trabajadoras sexuales. Esta es la posición del reglamentarismo y del regulacionismo.
La despenalización solamente de las mujeres en situación de prostitución, en modelos jurídicos que consideran la prostitución un acto de violencia, porque ninguna mujer debería ser penalizada por su propia explotación, pero sin despenalizar el proxenetismo, los burdeles y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Esta es la posición del abolicionismo de la prostitución. Para el abolicionismo no puede pensarse a la prostitución como trabajo sexual.
Las víctimas de la trata, cuando son detenidas, son criminalizadas o deportadas. La despenalización protegería a las víctimas de prostitución forzada y a las no forzadas.
La descriminalización del trabajo sexual es un tema controvertido, sobre todo en relación si despenalizar solo a las prostitutas o también a los empresarios de la industria del sexo. Los defensores de la despenalización argumentan que eliminar las sanciones penales que rodean el trabajo sexual crea un entorno más seguro para las trabajadoras sexuales. Los opositores a legalización y regulación argumentan que aumentará la trata porque beneficia a proxenetas y traficantes al convertirlos en empresarios.
Organizaciones como ONUSIDA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, UNFPA y la revista médica The Lancet han pedido a los estados que despenalicen la prostitución en un esfuerzo global para abordar la pandemia de VIH/sida y garantizar el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.
